Los empresarios valencianos estallan contra el Gobierno por la gestión económica del coronavirus

«No pueden tomarse decisiones de manera irreflexiva, generar mayor confusión y atacar directamente a la supervivencia de un gran número de empresas y puestos de trabajo«, sentenció la patronal autonómica sobre la gestión económica del Covid-19. También elevó el tono contra el Gobierno la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida por Vicente Boluda y que reúne en su junta directiva a Juan Roig (Mercadona), Araceli Císcar (Dacsa), Adolfo Utor (Baleària) o Federico Michavila (Torrecid), con la advertencia de que «el parón de la actividad económica tendrá efectos devastadores sobre el empleo y la economía».

En un duro comunicado, el influyente ‘lobby’ empresarial evidenció su enfado con las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que el viernes prohibió despedir mientras dure la crisis y el sábado anunció la paralización de las actividades no esenciales. Para AVE, «no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas«.

La decisión del Gobierno de endurecer el confinamiento y obligar a cerrar todas las actividades no esenciales hasta el 9 de abril desató una oleada de críticas en el empresariado valenciano, que interpreta esa medida como una muestra del «completo desconocimiento del tejido empresarial» de quien la adopta, en palabras de la CEV. Y una exigencia, unánime, de «medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo, como los países de nuestro entorno», indicó AVE, que alerta asimismo de que «cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación».

La CEV acusa a Pedro Sánchez de «hacer pagar a las empresas las consecuencias de la crisis sanitaria», sin explicar «cómo van a asumir los permisos retribuidos de los trabajadores si se restringe su actividad y por tanto sus ingresos, si no se aplazan las liquidaciones tributarias ni las cuotas a la Seguridad Social y la liquidez sigue sin llegar«.

A los reproches por ignorar las reiteradas peticiones de aplazar todos los pagos que dependen del Estado para dar oxígeno a las empresas, como las inminentes cotizaciones o las liquidaciones del IVA, se sumaron este domingo las advertencias sobre el coste de paralizar (más) la economía.

Para la patronal autonómica, proteger la salud es prioritario, pero «defender y apoyar a las empresas debe estar en el siguiente escalón» dado que son ellas las que ayudarán a la recuperación. Y es por eso que cuestiona que las restricciones no conlleven «más apoyo para el sector privado» y tilda de «ilógico» pretender que «asuman en solitario los costes derivadas de esta decisión».

La CEV critica que se anuncie ese parón «sin concretar qué se consideran actividades esenciales ni tener en cuenta que el correcto funcionamiento de las esenciales requiere de las no esenciales, lo que demuestra un completo desconocimiento del tejido empresarial«, acusación que suscriben hoteleros (Hosbec) e industria del metal (Femeval).

La patronal urge al Estado a «responder ante las necesidades agudas de liquidez y apoyar a las empresas amenazadas de quiebra por el Covid-19». También Hosbec advierte del «riesgo de quiebra del sistema económico y empresarial español con las decisiones del Gobierno central«.

«Ni una sola de las medidas del Consejo de Ministros beneficia a las empresas, más allá de un ERTE por fuerza mayor con condiciones más que discutibles» toni mayor, presidente de hosbec

La entidad, que cerró sus hoteles antes de ser obligatorio, exige «medidas valientes» a un Gobierno que «se equivoca al hacer recaer todo el coste de la crisis en las espaldas de las empresas». Según Hosbec, «ni una sola de las medidas del Consejo de Ministros beneficia a las empresas más allá de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor con condiciones más que discutibles».

La CEV reivindica, además, que «el sector privado ha sido un ejemplo de responsabilidad social, pese al desconcierto normativo«, con donaciones y ofrecimientos de ayuda para superar la crisis sanitaria. Advierte, no obstante, de que si no se actúa también sobre su vertiente económica »esta crisis se llevará por delante, de forma definitiva, un gran número de empresas y puestos de trabajo«.

«Sin las decisiones adecuadas esta crisis coyuntural puede convertirse en estructural», alerta la patronal, y urge a las administraciones a que actúen ya. A la Unión Europea, le afea que sea «incapaz de actuar con la contundencia que cabría esperar».

«La paralización de actividades no esenciales provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar y complicará la lucha contra la crisis sanitaria» vicente lafuente, presidente de femeval

Sobre la paralización de actividades productivas, Femeval advierte de que «provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar» y «complicará la lucha contra la crisis sanitaria», al dificultar el trabajo en las actividades directamente implicadas y también en aquellas que les dan soporte inmediato.

Para la entidad que preside Vicente Lafuente, esa medida estatal «desembocará inevitablemente, y en el mejor de los casos, en una grave ralentización de las actividades esenciales, y solo puede ser fruto de la irresponsabilidad y de la más absoluta ignorancia« sobre las consecuencias económicas que generará el parón.

«Flexibilidad exigente»

Sobre esta cuestión, el ‘president’ Ximo Puig admitió que es «difícil distinguir las líneas» entre lo que es actividad económica esencial y lo que no, por lo que demandó al Gobierno una «flexibilidad exigente» a la hora de determinar cuáles deben parar, con la advertencia de que sectores como la industria cerámica no pueden «parar de un día para otro».

En su comparecencia tras participar en la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, indicó que no se plantea una «suspensión absoluta de la economía», pero sí intentar «ralentizar al máximo» la actividad no esencial, y prometió que «la inmensa mayoría» de las peticiones valencianas se contemplarán en el real decreto estatal.

Según Puig, «no puede acabar siendo una medida que tenga consecuencias peores para la ciudadanía», ni hacer que ninguna actividad sufra «un daño irreversible» o, en definitiva, que «el remedio sea peor que la enfermedad«.

Uno de cada once trabajadores está ya en ERTE y crece el temor a retrasos del paro

En las primeras dos semanas en estado de alarma, las empresas tramitaron 29.274 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la Comunitat, que afectan a 175.449 trabajadores. Uno de cada once afiliados está inmerso en esa «avalancha» de ajustes, que se traduce en un «atasco importante» en la tramitación necesaria para que los afectados reciban la prestación por desempleo oportuna pese a reforzar con treinta personas a las diez que gestionan los ERTE.

Así lo admitía el ‘president’ Ximo Puig, quien reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «el marco general se flexibilice y se pueda facilitar, sobre todo para que los trabajadores puedan cobrar lo más rápidamente posible», constatando de ese modo el creciente temor a que los pagos del paro se demoren.

Según datos de la Conselleria de Economía, las microempresas copan la mayoría de suspensiones temporales de contrato o reducciones de jornada laboral. Hasta el 89% de las solicitudes son de negocios con entre uno y diez trabajadores, y otro 9,9% de pequeñas empresas, con entre once y 50 trabajadores.

Apenas el 1% son empresas medianas, con entre 51 y 250 empleados, frente al 0,1% que posee entre 251 y 500 trabajadores y el 0,01% que supera los 500. A ese reducido grupo de grandes empresas corresponden los ERTE más voluminosos, como el que acordó Ford para 7.000 empleados de la planta de Almussafes o el que aplicará Air Nostrum, que este sábado dejó ya en tierra todos sus aviones, para sus 1.439 empleados.

En la primera semana del estado de alarma decretado en España por el coronavirus, por segunda vez en la historia democracia –la primera fue en 2011, durante la huelga de los controladores aéreos–, hasta 73.961 trabajadores valencianos pasaron a engrosar la lista del paro. La cifra, una semana después, aumentó en 101.488 personas, sin visos de que vaya a dejar de crecer.

Del 12 al 28 de marzo, la Dirección General de Trabajo recibió 262 ERTE de empresas que operan en toda la Comunitat, con 29.593 afectados. En Valencia se registraron 14.051 ajustes para 72.824 trabajadores, en Alicante otros 11.460 ERTE para 57.044 trabajadores y en Castellón, 3.501, para 15.988 trabajadores.

A medida que pasan los días mengua el peso del sector servicios, del 98% inicial a cargo de hostelería y comercio al 86% actual. Y es que la industria representa ya el 10% de los ERTE, la construcción un 3,5% y la agricultura, el 0,5% restante.

El 97% alega causa de fuerza mayor, vinculada al estado de alarma por el Covid-19, frente al 3% que aduce motivos técnicos, organizativos o productivos. En cuanto al tipo de medidas solicitadas para afrontar el parón, el 95% opta por una suspensión del contrato de trabajo, el 4,6% reduce la jornada y apenas un 0,4% de los ERTE plantea extinciones de contratos, es decir, despidos.

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