El anciano cero del coronavirus

La Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid dio instrucciones el pasado jueves 5 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, del cierre preventivo del primer centro de mayores del país. Fue el edificio municipal de Valdemoro, localidad a 25 kilómetros al sur de la capital con 75.000 habitantes. Seis días después de que se confirmaran los dos primeros contagios por COVID-19 en Torrejón de Ardoz, las autoridades sanitarias pusieron el foco en estas dos poblaciones por tratarse de «brotes descontrolados» sin rastro epidemiológico.

Un día después, el viernes 6 de marzo, se conoció el fallecimiento de un hombre de 76 años, usuario del citado centro de Valdemoro, y el positivo de otros 15 ancianos y trabajadores. Los peores augurios, ahora confirmados, eran entonces una realidad: el coronavirus se iba a cebar con este grupo especialmente vulnerable. Este viernes, 21 días después de la instrucción sanitaria, la Comunidad de Madrid contabilizaba unos 1.100 mayores fallecidos en residencias, geriátricos y hospitales en lo que va de mes por todo tipo de causas, también coronavirus.

Este varón de 76 años, guardia civil jubilado, solía acudir al centro de mayores a jugar la partida con sus compañeros de mesa. Falleció la tarde del jueves 5 en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Una localidad conocida por su histórica vinculación con la Guardia Civil: allí se encuentra el colegio de jóvenes del Cuerpo.

Ana (nombre supuesto para preservar su identidad) trabaja como enfermera en el Infanta Elena (144 camas). Se trata de uno de los 11 hospitales públicos construidos bajo la presidencia autonómica de Esperanza Aguirre (2003-2012) que están gestionados por una empresa privada, en este caso Quirón Salud. La ATS tiene un recuerdo bastante nítido de aquel ‘paciente cero’ de los geriátricos, ya que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este sección cuenta con nueve camas y días antes de aquel 5 de marzo el personal ya se puso en el peor escenario. «Han sido tres semanas de absoluto caos hasta que hemos contenido la situación. Era un escenario de guerra. Pacientes críticos, intubados y sedados que en algunos casos habían entrado por su propio pie en Urgencias tres días antes», relata.

Un «bicho» voraz

Para salvar a la UCI del «colapso» se habilitó una segunda sala de intensivos, se reforzó con personal de otras áreas y se derivó a enfermos a otros hospitales. «La gran decisión fue paralizar el resto del hospital tras el estado de alarma. Se cerraron los quirófanos salvo para urgencias y pacientes oncológicos», comenta por teléfono Ana en su día de descanso.

La unidad se compone de tres enfermeros, dos auxiliares y un médico intensivista. Con el refuerzo llegaron compañeros que no están especializados en este tipo de pacientes. «La cualificación se nota mucho en la UCI. Intubar es una tarea compleja que te puede llevar horas». En la primera fase, señala, los enfermos tenían una edad media de entre 65 y 75 años y con la segunda unidad bajó hasta los 55. «En intensivos siempre se hace una selección. Es un medio caro e invasivo. Si no se responde al oxígeno y a la medicación hay que tener la certeza de que si intubas es para curarse» (de momento no han vivido ese «refuerzo moral» de pasar a planta a estos enfermos).

De su experiencia con el «bicho», comenta que los «antecedentes previos» de los fallecidos suelen ser hipertensión, diabetes, colesterol u obesidad más que problemás pulmonares. También vivió el caso del tercer guardia civil muerto este jueves, José Antonio, de 47 años. Y sobre el virus dice que le recuerda a la Gripe A. «Los pulmones están blancos, no hay sangre, y muy rígidos. Es un colapso respiratorio bastante veloz».

A diferencia de otros hospitales madrileños, en el Infanta Elena no ha habido carencia de equipos de protección. «Eso ayuda física y mentalmente», afirma. Luego llega la carga de los turnos de hasta 12 horas y el regreso a casa para atender a la familia. Siempre con el miedo de no contagiarles «porque no nos hacen la prueba pese a tener sintomatología, como a dos compañeras», denuncia. A esto se suma cierta estigmatización entre sus vecinos, que les ven «personal de riesgo».

A final de mes, cuando llega la nómina, toca asumir otra realidad, la del bolsillo. Existe una diferencia de entre 600 y 800 euros entre las enfermeras de un hospital público y otro de gestión privada. Y las horas extras se pagan a 18 euros netos. «Nos da mucho coraje», exclama Ana. Cuando acabe este infierno, confía, es indispensable mejorar las condiciones laborales y modificar la gestión interna. «Hasta que mi hospital vuelva a ser lo que era va a tardar meses. Espero que estas medidas se tomen antes. Es de justicia».

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