El Consell paga una multa de 320.000 euros por el mal funcionamiento de depuradoras

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se reparte entre las comunidades autónomas el importe de la sanción que la Unión Europea ha impuesto a España por el incumplimiento de la legislación en materia de depuración de aguas residuales.

El montante global en todo el Estado asciende a 32,7 millones de los que la Comunitat ya ha abonado los 320.000 euros que le corresponde. El incumplimiento en la autonomía se centra en el mal funcionamiento de las depuradoras de Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira.

Según el texto del BOE, doce de los 32,7 millones corresponden a una multa a tanto alzado de 12 millones. Ademas, la UE ha impuesto otra de carácter coercitivo de 10,3 millones por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas recogidas en la sentencia condenatoria contra el Reino de España de 2011.

La Comunitat, según el BOE, no ha tenido que hacer frente al pago de la multa coercitiva, ya que las depuradoras afectadas p se encuentran en funcionamiento y el Consell aceptó hacer frente al importe y abonó la suma en diciembre del año pasado.

El importe pagado por el Gobierno valenciano suman los 211.500 euros por la planta de Benicarló, los 68.655 por la de Peñíscola y los 40.500 de la de Teulada-Moraira.

En el caso de la Comunitat, la entidad acreedora de la sanción es la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), empresa dependiente de la Generalitat.

El Estado tendrá que hacer frente a la parte más alta de la sanción por obras todavía pendientes en todo el país. El importe total asciende a 21,1 millones. La Junta de Andalucía deberá abonar 5,5 millones y la Xunta de Galia, 4,4. Los otros 1,6 millones corresponden a la Comunidad Canaria.

Inversiones pendientes

Desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana han llamado la atención sobre el hecho de que estas sanciones son consecuencia del escaso esfuerzo inversor de las administraciones públicas en obras del ciclo hídrico.

En este sentido recuerdan que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) se comprometió a invertir 237,4 millones en obras hídricas en 2005 en la Comunitat Valenciana. Quince años después continúan pendientes la mayor parte de estas actuaciones.

En este sentido, el gerente de la Cámara, Manuel Miñés, ha advertido de que en el futuro pueden llegar más sanciones de la Unión Europa ante el incumplimiento del plan de inversiones. En este sentido, añade que tiene más sentido que el dinero que sale de los impuestos “se pague en obras e inversiones y no en sanciones”.

La inversión estaba destinada a incrementar la capacidad de depuración de agua de la Comunitat. Preveía la construcción de tanques de tormenta y de redes separativas para impedir que las aguas pluviales y las fecales utilizaran las mismas infraestructuras. El convenio fue sometido a revisión en 2018, pero las inversiones todavía no se han concretado.

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